La lucha callejera no es un exceso ni una desviación: es una forma legítima —y muchas veces necesaria— de intervención política popular. Cuando las instituciones se blindan, cuando el diálogo es una fachada, cuando la legalidad sirve para perpetuar el despojo, la calle se vuelve el espacio donde las masas irrumpen, gritan, desbordan. No hay conquista histórica sin presión, sin protesta, sin acción directa. Desde las barricadas hasta las huelgas, desde las tomas hasta las marchas, la lucha callejera ha sido siempre el lenguaje de los de abajo cuando el poder cierra todas las puertas.
Defender la legitimidad de la lucha callejera no es romantizar la violencia, sino reconocer el derecho de los pueblos a hacerse oír por los medios que la historia les ha dejado. Criminalizarla es criminalizar el conflicto social, es negar el derecho a rebelarse, es perpetuar el orden que nos precariza. En tiempos de normalización institucional y pacificación forzada, reafirmar que la calle es nuestra sigue siendo un acto de dignidad política. Porque los pueblos no piden permiso para luchar: se organizan, resisten y avanzan, incluso cuando todo les está en contra.
Preguntar a ChatGPT
